Fiscalía solicita medida de aseguramiento para capturados por delitos contra la Administración Pública en Meta.
Ante el Juzgado 2 Penal Municipal Ambulante la Fiscalía presentó los audios, que demostrarían la participación de 5 personas, en la concertación para negociar beneficios a capturados por la comisión de delitos como el hurto, entre 2015 – 2016 en Villavicencio – Meta.
Según la Fiscalía, el abogado Nelson Guzmán Hernández se comunicaba con Solandy Parra Gómez, esposa del entonces Fiscal 17 de la Unidad de Reacción Inmediata URI, para acordar los términos y cuantía de dinero a recibir, por otorgar ordenes de libertad y detención domiciliaria para sus clientes.
De igual manera, ante el Juzgado se escucharon conversaciones donde el abogado llamaba a su esposa Paola Andrea Dávila Tafur para compartir lo planeado y acordar el modo de entregar los pagos para el Fiscal.
La señora María Cristina Acosta Olaya fue vinculada en el proceso, por ofrecer y entregar dinero por beneficios judiciales, a los aquí investigados.
Legalizada la captura de estas personas, mediante orden judicial por la Policía Nacional, la Fiscalía les imputó cargos por los delitos de concierto para delinquir como autores en concurso heterogéneo con cohecho por dar u ofrecer en concurso homogéneo y sucesivo con cohecho propio en concurso homogéneo y sucesivo con asesoramiento ilegal y prevaricato, los cuales no fueron aceptados.
La Fiscalía pidió prisión domiciliaria contra Paola Andrea Dávila Tafur y María Cristina Acosta Olaya y detención en recinto carcelario contra Óscar Fernando Albán Caicedo, Nelson Guzmán Hernández y Solandy Parra Gómez.
El lunes 8 de octubre de 2018 se conocerá la decisión del Juzgado, respecto a solicitud de medida presentada por la Fiscalía contra los 5 investigados.
Las penas a cumplir estarían en 5 y 8 años de prisión, de ser hallados responsables de los delitos imputados.
Prensa Fiscalía del Meta.
