La Fiscalía General halló irregularidades en construcción de dos internados en el Meta.
La Fiscalía General de la Nación avanza en la investigación que busca establecer si se presentaron irregularidades en las obras para la construcción de varios internados en el municipio Puerto Gaitán – Meta.
Por estos hechos los investigadores han reunido pruebas en esta primera parte de las indagaciones contra los contratistas quienes, presuntamente, habrían incurrido en los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.
En las primeras audiencias se vinculó a Víctor Julio Agudelo Santander, de la unión temporal Awaliva y Tillavá, Raúl Gonzalo Ávila Vásquez, representante de la unión temporal Alto Tillavá, y a Mauricio García Sanz del consorcio Ingeotec que hace parte de unión temporal Awaliva.
Los sospechosos estarían relacionadas con irregularidades en dos contratos que tenía como objetivo la construcción de los internados de los resguardos Awaliva y Alto Tillavá, en el municipio de Puerto Gaitán, la construcción de ambos proyectos tendría un costo de más de 8.500 millones de pesos y el aparente detrimento ha sido calculado en cerca de 4.000 millones de pesos.
Los contratistas se presentaron ante un juez de control de garantías para la respectiva imputación de cargos por parte de la Fiscalía General de la Nación.
En contra Agudelo Santander, Ávila Vásquez y García Sanz, el juez impuso medida de aseguramiento no privativa de libertad consistente en el cumplimiento de los procesos de contratación, la prohibición de salir del país, y la suscripción de compromiso de observar buena conducta social, familiar, laboral e individual.
Por hechos relacionadas con los seis internados, el ente investigador analiza las conductas en las que presuntamente habría incurrido el alcalde del municipio durante el periodo 2008-2011, al igual que varios funcionarios de dicha administración y varios contratistas quienes serían imputados en los próximos días.
Los hechos
- Los internados fueron construidos en 2011, y a 2018 no habían sido puestos en funcionamiento, incumpliendo los servicios de alimentación, de estudio y/o dormitorio.
- Algunos de estos establecimientos fueron construidos proyectándose de manera sobredimensionada. La capacidad fue dispuesta para atender a 300 indígenas, pero la población a beneficiar no alcanzaba esta cifra.
- Las construcciones no tienen licencia de funcionamiento como internados
Fuente: Fiscalía General de la Nación.
