Así fue el caso por el que el Coronel (R) Germán Ayala y la abogada Lorena Saavedra fueron llevados a la cárcel.
La Fiscalía General de la Nación confirmó que los dos investigados fueron detenidos por presuntamente intentar desviar asignación de tierras en el Meta.
Que llevó a la Fiscalía a ordenar su captura
Por solicitud de la Fiscalía Especializada de la Unidad Nacional de Delitos Anticorrupción contra la transparencia ciudadana fueron cobijados con detención intramuros Germán Eduardo Ayala Amaya, coronel en retiro del Ejército y actualmente funcionario del Ministerio de Agricultura, además de la abogada Diana Lorena Saavedra Escobar, por hechos que habrían ocurrido entre enero y septiembre de 2018.
Según argumentó la Fiscalía, la situación se habría presentado cuando los detenidos habrían pretendido influenciar y ofrecer dádivas que sumarían 100 millones de pesos a la Directora de la Unidad de Restitución de Tierras Regional Llanos, Diana Herrera, para que no devolviera el predio a víctimas de grupos armados ilegales en 2002.
La audiencia se extendió por más de 4 horas
Ante el Juzgado 6 Penal Municipal con función de control de garantías, los detenidos fueron imputados por la Fiscalía por los delitos de tráfico de influencias de funcionario público y de particular en concurso con cohecho por dar u ofrecer, los cuales no fueron aceptados.
Los detenidos pretenderían que el terreno con 2.000 hectáreas de extensión avaluado en diez mil millones de pesos, ubicado en el Municipio de Cabuyaro, Meta, fuera adjudicado a un tercero, supuesto comprador de buena fe.
Ante los argumentos de la defensa para evitar la medida dictada contra los detenidos, la juez dijo que: «con base en el acervo probatorio presentado por la Fiscalía, los detenidos sí son un peligro para la sociedad, que en el caso del ex militar, por ejemplo; luego de combatir por muchos años grupos armados ilegales que causaron desplazamiento ahora, al parecer, estaría pretendiendo perjudicar a las víctimas».
Dentro de la audiencia se conoció que la víctima, propietaria de los terrenos estaría siendo amenazada, por lo cual, la Fiscalía investiga para dar con los responsables.
Por estos hechos, los implicados podrían ser condenados a penas de entre 5 y 10 años de prisión, en caso de ser hallados responsables de los delitos imputados.
Fuente: Fiscalía General de la Nación.