Fiscalía acusa a Emilio Tapia por presunta intervención en actos de corrupción relacionados con contratación pública
La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Emilio Tapia Aldana por su presunta participación en distintos actos de corrupción identificados en el trámite y celebración de contratos que se seguían en dos entidades públicas distintas.
Tapia Aldana, nacido en Sahagún (Córdoba), es el conocido contratista del escándalo de la Unión Temporal Centros Poblados y el Ministerio TIC, señalado de cometer irregularidades en medio de la suscripción del contrato con el cual se pretendía llevar conectividad a las escuelas de regiones alejadas del país, en el pasado gobierno del ex presidente Iván Duque.
Deberá responder en juicio por las posibles falsedades y otras irregularidades detectadas en el millonario contrato que pretendía llevar el servicio de Internet a las escuelas rurales del país y en dos proyectos de tratamiento de agua en Cali.
De esta manera, una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción agrupó tres procesos en los que quedaron en evidencia maniobras ilícitas similares para quedarse con la contratación pública y apropiarse de recursos destinados a cubrir las necesidades ciudadanas.
En la investigación se conoció que Emilio Tapia Aldana recibió 6.182 millones de pesos de los recursos iniciales entregados a la unión temporal. De esta suma, presuntamente, giró 1.118 millones de pesos a los dueños de las empresas que vendieron la experiencia de sus compañías.
Por estos hechos, la Fiscalía lo acusó por los delitos de peculado por apropiación agravado, fraude procesal y falsedad ideológica en documento privado.
El material probatorio indica que Tapia Aldana estaría involucrado en la falsificación de varios documentos que fueron presentados en procesos licitatorios surtidos ante las Empresas Municipales de Cali (Emcali), en 2021, para desarrollar dos proyectos relacionados con la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAR) de Puerto Mallarino fase uno, los cuales ascendían en valor a 3.798 millones de pesos y 2.414 millones, respectivamente.
De esta manera, los funcionarios públicos incurrieron en error y permitieron que las empresas de Tapia Aldana participaran en la licitación y se quedaran con los contratos.
En ese sentido, la Fiscalía los acusó por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento privado.
