Los trabajadores independientes también son empresarios.

Quienes ejercen profesiones liberales, aunque no están obligados al registro mercantil, también actúan como empresarios y tienen trabajadores que dependen directamente de ellos. Su nómina al parecer no es importante para el gobierno nacional.

El pasado 6 de mayo, conocimos el decreto por medio del cual se declara nuevamente el estado de emergencia, social y ecológica por parte del Gobierno Nacional, lo cual le permitirá nuevamente, contar con los poderes para expedir Decretos Legislativos tendientes a enfrentar la crisis y evitar su extensión.

En este decreto, quedó claro lo que ya era evidente para muchos de nosotros; que las medidas tomadas por el Gobierno Nacional para ayudar a las pequeñas y medianas empresas resultaron insuficientes, lo que podría llevar a la destrucción masiva del empleo y al cierre total de las empresas; así fue reconocido por el Gobierno en las consideraciones del acto administrativo que declaró la nueva emergencia (Ver pagina 7 del Decreto 637).

¿Salvar sólo a unas empresas?

El Código de Comercio en su articulo 25 define la empresa como “toda actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes, o para la prestación de servicios”, a su vez en el artículo 515 define el establecimiento de comercio como “un conjunto de bienes organizados por el empresario para realizar los fines de la empresa”.

Cito textualmente estas normas para resaltar que, empresario no es sinónimo de persona jurídica. Muchos pequeños y medianos empresarios son personas naturales con establecimientos de comercio que generan empleos, y que por supuesto, tienen trabajadores en nómina.

Lo mismo sucede con las profesiones liberales, como los contadores públicos, los ingenieros, arquitectos, odontólogos, abogados, por solo citar algunas, quienes a pesar de no estar obligados a registrarse en la Cámara de Comercio como comerciantes, tienen trabajadores en su nómina y al igual que las personas naturales empresarias, fueron excluidos por el Gobierno Nacional del denominado “subsidio a la nómina”.

Sí, leyeron bien, a pesar de que en el Decreto que declara la emergencia se señaló reiteradamente que las medidas para pequeños y medianos empresarios fueron insuficientes, al momento de crear el programa de apoyo al empleo formal -PAEF- se excluyo sin razón alguna  a las personas naturales, tanto empresarios con establecimiento de comercio, como a las profesiones liberales que en su gran mayoría son trabajadores independientes con personal a cargo y en cambio si se incluyó como beneficiarios a las -Grandes Empresas-, las cuales podrán acceder a un subsidio para pagar la nomina de sus trabajadores equivalente al 40% de un salario mínimo legal mensual vigente por cada uno de los trabajadores durante los meses de mayo, junio y julio.

 

Pues bien, el Decreto 639 del 08 de mayo de 2020, por el cual se crea el programa de Apoyo al Empleo Formal -PAEF- tiene por objeto apoyar y proteger el empleo formal del país única y exclusivamente de las personas jurídicas que cumplan algunos requisitos.

¿Qué va a ocurrir en el Meta?

En un departamento como el Meta, en el que estamos tratando de no depender del petróleo, en donde estamos hablando que, el turismo es el futuro, en donde la gran mayoría de empresarios de este sector son personas naturales y en una ciudad como Villavicencio donde somos miles los profesionales que laboramos en forma independiente, podríamos aportar a que se siga extendiendo esta crisis, acabando con muchos empleos y cerrando definitivamente muchas empresas que aportan a la economía de la región, y es que, por solo hablar del sector del turismo, tal y como lo señala el ya mencionado Decreto, en abril se estima que cayeron los ingresos de este sector en un 100%, y seguramente en mayo la cifra será la misma, a raíz de la decisión de no permitir temporalmente la circulación libre de personas.

Esperamos entonces que este Decreto que fue anunciado con “bombos y  platillos” por el Presidente Iván Duque, sea el primero de los muchos que se emitirán para conjurar la crisis económica y evitar que se sigan suspendiendo y terminando contratos de trabajo. Si bien el 40% de un salario mínimo por cada trabajador es un alivio para las personas jurídicas empleadoras, este porcentaje no es suficiente, ya que el factor prestacional, así como el valor de los aportes a seguridad social, los parafiscales y hasta la dotación legal hacen que el costo de un trabajador sea mucho más de los $877.803.oo de salario mínimo legal mensual de este año.

Seguiremos esperando verdaderas normas, que eviten una desaparición masiva de las pequeñas y medianas empresas. Las empresas grandes aportan y mucho al empleo en Colombia, pero es evidente que su capacidad financiera le permitía al Gobierno Nacional establecer una tabla que las diferenciara de las pequeñas y medianas en los beneficios a la nómina de sus trabajadores.

La imagen del Gobierno Nacional durante esta emergencia esta siendo favorable, no por su gestión sino por la de los diferentes gobiernos locales como los nuestros, en el que el Gobernador Juan Guillermo Zuluaga y el Alcalde Juan Felipe Harman han demostrado junto con su equipo de trabajo que se pueden hacer las cosas bien en momentos de crisis.

 

Editorial.

Camilo Ernesto Rey Forero

Abogado Especialista En Derecho Laboral

Asesor Y Consultor